El Gobierno, a través del Banco de España, anunció el pasado mes de marzo la nacionalización de aquellas cajas de ahorro que no fueran capaces de recapitalizarse con recursos privados. Este proceso se cerró el último día de septiembre con la nacionalización de CatalunyaCaixa (caixas Catalunya, Tarragona y Manresa), Novacaixagalicia (Caixa Galicia y Caixanova) y Unnim (Terrassa, Manlleu y Sabadell).
Ha sido un camino duro, plagado de errores, que ha reducido a 15 las 45 cajas existentes antes de la crisis. También ha sido un proceso caro. Tan caro que ha supuesto 7.551 millones –que salen de nuestros impuestos-, si contamos los 2.800 millones colocados en el capital de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y que se dan prácticamente por perdidos.
Pero si los criterios políticos primaron en aquellas alianzas, cuando se fusionaron entidades de la misma región, para que cada gobierno tuviera “su” caja –y el Banco de España lo consintió-, también ha habido criterios políticos ahora en la actuación del Estado, con CiU (Convergencia i Unió) muy presente en el caso catalán. Al propio conseller de Economía, Andreu Mas-Collel, le ha faltado tiempo para asegurar que la “catalanidad” de las dos cajas está garantizada. ¡Como si ese fuera el problema! ¡Como si tuvieran dinero para dedicarlo a esto y no a las residencias de la tercera edad!
Lo que sí me ha parecido inaceptable ha sido la diferencia de criterio aplicada a las entidades nacionalizadas. El caso más sangrante es el de Unnim, valorada a cero por el FROB, que se la queda gratis (bueno, por un euro, para ser exactos), tomando el 100% y el control absoluto. El Banco de España destituye a los administradores –aunque deja al equipo gestor que ha provocado esta deblacle-, asume el poder nombrando a tres consejeros del FROB (también se suma un nuevo consejero independiente), saneará la entidad e intentará venderla para recuperar algo de los 568 millones de dinero público inyectados en la caja para cumplir los requisitos de capital.
A CatalunyaCaixa, sin embargo, se le ha permitido mantener el 10% del capital, con lo que los dueños actuales de la caja (principalmente la Diputación de Barcelona) mantienen la representación correspondiente en el Consejo. También continúa su director general. O sea, CatalunyaCaixa mantiene el poder y Unnim lo pierde, de manera que ha habido un trato de favor hacia CatalunyaCaixa, a pesar de que era la caja española en peor situación después de la CAM, según muchos expertos.
Por otro lado, me pregunto por qué no se recapitalizó el sector en 2009, lo que habría evitado muchos de los conflictos actuales. Ahora muchas entidades españolas siguen estando demasiado expuestas al “ladrillo”, su capital puede depreciarse dentro de poco y sospecho, como muchos, que el terreno de nuevas fusiones está abonado. Es más, el sector financiero español tiene que resolver otros problemas como la falta de rentabilidad o el encarecimiento de las primas de riesgo. Y mientras, sigue la restricción del crédito que está dejando sin oxígeno a nuestras empresas.
Eso sí, a la vez que nuestro dinero ha salvado a Novacaixagalicia nos enteramos de que tres altos ejecutivos salientes de esta caja van a recibir 23,6 millones de euros como indemnización. Algo tan escandaloso como las indemnizaciones y salarios que se adjudicó parte de la directiva de la CAM. Creo que mucha gente tiene que pagar en España por todos estos abusos.
