No puedo estar más de acuerdo con la propuesta que acaba de lanzar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Tras su reciente encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Aguirre ha planteado una revisión en profundidad del Estado autonómico. Su idea incluye devolver a la Administración Central las competencias en Sanidad, Educación y Justicia, y dejar en manos de los ayuntamientos las de Transportes y Servicios Sociales.
Según los cálculos de la presidenta madrileña, con estas medidas se podrían ahorrar más de 48.000 millones de euros gracias a la cantidad de altos cargos de los que se podría prescindir, parlamentos regionales, legiones de chóferes y asesores, edificios, alquileres, etc.
Sólo puedo ponerle un pero a Esperanza Aguirre: que no lanzara esta idea hace años. Me temo que si acudimos a las hemerotecas su postura fue bien distinta en el pasado y, como el resto de líderes políticos, ha hecho todo lo posible para que su administración creciera en tamaño, presupuesto y competencias. Y eso significa tener más poder. Pero de sabios es rectificar.
Así, ayuntamientos y comunidades, junto con el Estado, han generado plantillas sobredimensionadas, además de aeropuertos ruinosos, polideportivos que carecen de actividad, obras faraónicas, empresas públicas y entes innecesarios, etc., endeudándose hasta niveles insostenibles. Parece que el dinero de todos no tiene dueño.
En cambio, acabo de escuchar al presidente de Extremadura, José Antonio Monago, explicar que su región tiene una de las deudas autonómicas más contenidas gracias a que se dedican a hacer sólo lo que pueden pagar. Por desgracia, no ha sido ese el criterio que ha dominado durante años en España, al contrario y su morosidad ha arruinado a miles de empresarios.
Ese retorno de competencias vendría a corregir la cantidad de duplicidades que se han ido generando en la Democracia, lo que es de sentido común. También pondría cordura y equilibrio en el territorio español, dominado ahora por situaciones absurdas, privilegios de ciertas comunidades, diferencias fiscales, etc., lo que complica mucho la actividad económica.
Y, en esta línea de reducir costes innecesarios, me ha gustado también que se reduzca el salario de los ex presidentes de Gobierno españoles. Teniendo en cuenta los ingresos millonarios que logran a través de consejos de administración, conferencias y otras lucrativas actividades, estos “jubilados” pueden vivir con menos ingresos de las arcas públicas sin ningún problema, estoy seguro.
Aquí, incluso, siguen abundando los retiros de lujo de personajes cuestionables. Como nuestra ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que suma a su pensión como antiguo miembro del Gobierno los 6.400 euros al mes que le paga la ONU (más complementos y gastos de viajes y representación). Este es uno de esos ejemplos de quien ha vivido de la política casi toda su vida y apenas sabe lo que es acudir a una entrevista de trabajo para demostrar su valía. Así nos va…
Por eso, lo que me gusta de la idea de Aguirre es que muchos políticos tendrían que empezar a apañarse con 1.000 euros al mes, como un parado más o un mileurista cualquiera, sin privilegios. Tengo curiosidad por ver a más de un diputado sobrevivir en el maltrecho mercado laboral español. Algunos llevan toda su vida medrando en los partidos, subidos al coche oficial desde hace décadas, acomodados en lujosos despachos, viajando en business y tirando de tarjeta de crédito platinum, que pagamos entre todos. A ver que curriculum pueden lucir para encontrar un empleo digno. A ver cómo lograban llegar a fin de mes con esos 1.000 euros, haciendo verdadera “ingeniería financiera” y milagros para subsistir, como le ocurre a millones de ciudadanos en España.





