Gran parte de la sociedad española cuestiona por qué hay que rescatar a la Banca. Multitud de pequeños y medianos empresarios que han tenido que cerrar sus negocios, muchas veces por los impagos de las administraciones públicas, se están preguntando por qué nadie les salvó a ellos.
El problema, claro, es que el hundimiento del sistema financiero amplificaría la actual recesión. Sin bancos sólidos no hay créditos y las empresas y las familias no pueden invertir ni consumir, lo que termina ahogando la economía. Por eso se concedieron en la Unión Europea ayudas estatales por valor de 4,5 billones de euros para salvar a la Banca entre 2008 y 2011.
En nuestro caso, además, habría una reacción en cadena que dejaría tocados o hundidos a muchos países. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la exposición de la Banca extranjera a España se acerca a los 1,2 billones de euros, siendo las más afectadas, por este orden, entidades estadounidenses, británicas, alemanas y francesas. Se entiende entonces que haya el mayor interés internacional para que nuestro sistema financiero siga en pie lo más sólido posible.
El problema añadido es que la deuda se ha convertido en uno de los grandes problemas de la economía española y seguirá creciendo en los próximos años según los datos del FMI. De hecho, si consumimos el máximo de los 100.000 millones que ofrece Europa, nuestra deuda pública supondría el 89,8% del PIB (Producto Interior Bruto) español, mucho más del doble que antes de la crisis.
Esa deuda, además, hay que pagarla y la pagamos todos. Este año nos costará unos 37.000 millones de euros.
Mientras, los mercados siguen esperando conocer la “letra pequeña” de este rescate. Por eso no puedo entender cómo Mariano Rajoy no ha dado ya las explicaciones oportunas, con el peligro de que este incremento de la deuda pueda provocar nuevos aumentos de la prima de riesgo.
Y, por mucho que lo niegue nuestro presidente, esta operación afectará a las cuentas públicas. Para empezar, los intereses del rescate computarán como déficit. También habrá que hacer nuevos ajustes que Bruselas está exigiendo a cambio de la “línea de crédito”: más recortes de gastos y nuevas subidas de impuestos.
Pero, sobre todo, los españoles necesitamos saber si nuestro Gobierno puede aportar soluciones o si está improvisando. Los mercados no nos dan un respiro y los ciudadanos y empresarios empezamos a estar sin aliento. Necesitamos ya un liderazgo claro, alguien capaz de pilotar este barco para que no se hunda.
A la vez, hay que reforzar el control sobre las instituciones con dinero público. Y también es imprescindible un claro mensaje: los malos gestores, ya sean torpes o corruptos, tienen que asumir su responsabilidad, penal o administrativa, si han arruinado una entidad. No podemos seguir viendo cómo se van a casa “de rositas” con indemnizaciones millonarias.
Recordemos, en este sentido, que el Estado español ha inyectado ya de forma directa unos 38.000 millones de euros en bancos y cajas. Habrá que ver si puede recuperar esa inversión en su momento o si, como me temo, tendrá que asumir parte de las pérdidas. Y ese coste, al final, lo pagaremos todos los españoles a través de impuestos y recortes sociales.
Menos mal que la Comisión Europea está desarrollando nuevas normas para prevenir y resolver esta crisis del sistema financiero. Entre las medidas previstas está evitar que los ciudadanos tengan que pagar de su bolsillo otros rescates a través de ayudas públicas. Que lo solucionen los accionistas y acreedores, como con cualquier otra compañía. Si estamos en un mercado libre hay que asumir el riesgo de las decisiones empresariales. No es de recibo que un sector actúe con la tranquilidad de que el Estado vendrá a salvarle de sus errores.
