Lejos de pedir disculpas y de dar marcha atrás, el gobierno de filibusteros de Cristina Kirchner mantiene su política de “robo consumado”. En legítima defensa, Repsol va a tomar medidas legales contra cualquier compañía que invierta en YPF o en sus activos, para frenar así la entrada de capital en la empresa hurtada.
Es lo más correcto: ponerle demandas a cualquier inversor en YPF hasta que se le quiten las ganas de hacerse de oro a bajo precio. Que nadie se beneficie de las inversiones que Repsol ha hecho durante años en Argentina. Que los grandes funcionarios peronistas ladrones tengan que poner el capital necesario de su propio bolsillo, de todo lo que han robado.
Yo, por mi parte, no pienso volver a comprar carne argentina en una larga temporada, ni tomar vinos que procedan de allí, ni utilizar los servicios de ninguna organización de ese país en España. Hay una larga lista de empresas que “me he prohibido”: la importadora de vinos argentinos A. Pont i CIA, los productos delicatessen de Yornet, la agencia Comunicación Iberoamericana, la incubadora Bravo Media, la plataforma de préstamos Weemba, Ocasa, Cleverman Group, la ropa de La Martina, el Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas y tantas otras procedentes del otro lado del Atlántico. Lo siento, pero hasta que su país devuelva YPF a sus dueños o paguen lo que deben, ni un euro español para sus negocios.
Hay que utilizar todas las armas legales para evitar estos robos, como el que también ha perpetrado Bolivia contra Red Eléctrica Española. No podemos tolerar este tipo de actuaciones. Es más, como dije en un reciente post, ni España ni las naciones civilizadas que respetan la democracia pueden consentir esta inseguridad jurídica.
La Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe alcanzó en 2011 la cifra récord de 153.448 millones de dólares, según datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), organización de Naciones Unidas. El 14% corrió a cargo de empresas españolas, que no lo olviden. Además, según datos de la CEPAL, el 46 % de los ingresos netos de IED correspondieron a reinversiones de ganancias. Y luego nos acusan de no apostar por sus economías.
O tomamos medidas o habrá un “efecto dominó” en Ecuador y en Venezuela dentro de poco. Esto se va a convertir en una competición contra los intereses extranjeros en el continente y hay que gritar: ¡basta! Con todas las armas legales.
Nuestra vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha invitado “a todos esos estados a la reflexión de si esta es la vía adecuada para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”. Pues yo creo que se acabó el tiempo de invitar a nada. Que paguen lo que tengan que pagar y que los gobiernos populistas y bananeros asuman las consecuencias de sus actos.
Es más. Ya sé que es políticamente incorrecto e incluso se me puede acusar de xenófobo, pero ¿por que tenemos que dar asilo económico a los inmigrantes bolivianos, bolivarianos y peronistas?, cuando sus políticos son unos auténticos ladrones.
O manifiestan públicamente que están en contra de sus políticos corruptos o que retornen a sus países de origen, dejando los puestos de trabajo que ocupan actualmente para españoles o inmigrantes de países que no nos roban nuestras propiedades.
No he oído ninguna manifestación en contra de esos políticos ladrones por parte de ninguna asociación de inmigrantes argentinos ni bolivianos. Por lo tanto, quien calla otorga. Y, si resulta que están de acuerdo con sus dirigentes, que vuelvan a sus países y nos dejen en paz.
Ya está bien de guardar silencio mientras nos roban el patrimonio español. Más, aprovechando esta coyuntura en la que nuestra nación lo está pasando tan mal y nuestra capacidad de negociación es mínima, después del “desastre zapateril” y con la poca capacidad de negociación que está demostrando el actual Gobierno.
