Sobran muchos cargos públicos

El Círculo de Empresarios acaba de proponer una serie de reformas de las Administraciones territoriales españolas, buscando la necesaria eficiencia de estas instituciones. El Círculo recuerda con claridad cómo los desajustes e ineficiencias de nuestro modelo autonómico y local están planteando enormes dificultades para la economía española. Por ello, defiende una reducción del tamaño del sector público y otras actuaciones que abunden en una austeridad más necesaria que nunca, la búsqueda de la eficiencia y una mayor transparencia en la gestión.

En efecto, resulta imprescindible corregir el excesivo gasto y el elevado endeudamiento de algunas administraciones territoriales. Es más, tal como plantea el Círculo de Empresarios, hay que estudiar con urgencia la posibilidad de reducir el número de Ayuntamientos y replantearse ciertos organismos, como diputaciones e instituciones insulares equivalentes, cuyas competencias han quedado diluidas por el avance de las autonomías y los grandes municipios.

Yo añadiría más: que habrá que aplicar ese mismo criterio a la Administración Central, con ministerios más que discutibles y con numerosos organismos sin tareas claras, que nos cuestan millones de euros a través de los impuestos. Si preguntamos a cualquier persona por la calle, seguro que está muy de acuerdo con el Círculo de Empresarios. Pero me temo que ningún político está dispuesto a acometer esas drásticas medidas tan necesarias, sobre todo, teniendo próximas elecciones autonómicas y municipales… No olvidemos que en España hay unos 100.000 profesionales de la política, más de tres millones de funcionarios y otro medio millón más si contamos a los interinos.

Mientras, los telediarios, los informativos radiofónicos y las páginas de los periódicos están llenas casi a diario, de casos de corrupción al amparo de todo tipo de instituciones públicas: cargos creados a la medida de algún familiar, sin actividad alguna; gastos injustificados y sospechas de financiación ilegal de algunos partidos, entre otras cuestiones.

También los sindicatos necesitan de una revisión a fondo y de mucha más transparencia. Sindicatos, por cierto, que se han beneficiado de un espectacular incremento de los recursos públicos desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, a pesar de la terrible crisis que venimos sufriendo el resto de  los ciudadanos. Poniendo números a la situación, se estima que los sindicatos en España cuentan con 290.000 representantes, de los que 57.000 son liberados sindicales.

Y, ya puestos, habría que extender este mismo criterio a las organizaciones empresariales. En el caso de las Cámaras de Comercio, el Gobierno ha modificado recientemente la forma de financiación. Su hasta hace poco presidente, Javier Gómez Navarro, ha tenido que dimitir, incapaz de acometer la necesaria modernización de estas corporaciones, cada vez más cuestionadas. Para empezar, muchas Cámaras también tendrán que desaparecer para concentrarse y ser más eficaces. Para seguir, tendrán que ser capaces de hacer que el pago obligatorio al que estamos sometidos los empresarios se traduzca de verdad en servicios útiles.

En esa misma línea, los empresarios tendríamos que replantearnos nuestra representación y aplicar criterios de buen gobierno. ¿Qué sentido tiene la multiplicación de organizaciones empresariales, sectoriales y territoriales? Organizaciones, a veces, con estructuras sobredimensionadas (35.000 personas dentro de CEOE) y con unos gastos de personal excesivos. Y no olvidemos que una parte importante de sus ingresos procede del mucho dinero que las asociaciones reciben vía formación subvencionada. La CEOE, desde luego, no ha mostrado la necesaria transparencia durante la discutida presidencia de Gerardo Díaz Ferrán. Confío en que Javier Rosell será capaz de acometer una verdadera modernización, de manera que los empresarios demos el debido ejemplo de austeridad y buena gestión a nuestra sociedad.

Por último, volviendo al Círculo de Empresarios, no es posible olvidar sus propuestas para la mejora del marco regulador inspiradas en tres principios: calidad regulatoria, respeto a la seguridad jurídica y defensa de la unidad de mercado.

Me interesa este último punto, ya que es otra de las asignaturas pendientes de nuestra democracia. Formamos parte de un mercado único europeo, sin fronteras, sin barreras arancelarias, y  con libertad para la circulación de bienes y servicios. Pero el proceso autonómico español ha emprendido el camino opuesto, con 17 normativas diferentes dentro de nuestro país. Las consecuencias: un mercado nacional fragmentado, costes de transacción más elevados de lo debido, dificultades para la movilidad… Es decir, un lastre para nuestro crecimiento económico y la creación de empleo y uno de los mayores frenos para que mejore nuestra competitividad.

Esperemos que el Gobierno español sea capaz de aplicar los consejos de los empresarios, que son los que, jugándose su patrimonio y con mucho esfuerzo, están generando puestos de trabajo en nuestro país. Si no, el señor Rodríguez Zapatero debería de adelantar la vuelta a su León natal cuanto antes.